El conflicto colombiano II: Colombia hoy, desde una perspectiva histórica

Continuando con el tema planteado en la entrada anterior, me remito a una de las preguntas que en su exposición lanzaba el compañero Miguel Ángel Beltrán: en relación al estado actual del conflicto en Colombia ¿cuál es la interpretación del gobierno colombiano (campo político) y la imagen que trasmite la prensa colombiana (campo periodístico)? En ambos casos, se parte de una premisa básica: en Colombia no hay ningún conflicto armado, sino una lucha contra el terrorismo. Esta premisa viene acompañada de un corolario: es posible derrotar militarmente a la insurgencia; objetivo que, por lo demás, se considera de cercana consecución.
En este marco general se han implementado las denominadas “Políticas de Seguridad Nacional” dentro de una relectura del Plan Colombia. Estas políticas -al margen de las acciones militares que contemplan (v.g. Plan Patriota y control del territorio)- se articulan sobre de una serie de principios; entre los me interesa destacar los siguientes:
1- Lograr la seguridad de todos los ciudadanos involucrando a la población civil a través, por ejemplo, de figuras como el informante.
2- Judicialización del conflicto a todos los niveles mediante la creación de un marco legal o estatuto antiterrorista.
3- Acción “autónoma” de las Fuerzas Militares en términos de organización social legítima.
4- Desmoralización del combatiente mediante una acción a gran escala en los medios de comunicación.
Algunos éxitos parciales logrados en el campo militar han fortalecido la idea, no sólo de que estos principios deben articular la interpretación militarista del conflicto, sino que la estrategia que de ellos se derivan es la adecuada para derrotar a la guerrilla en un plazo razonable. Ahora bien, ¿es esta la única interpretación posible y, en consecuencia, la estrategia adecuada para la resolución del conflicto? ¿cabe aplicar una perspectiva histórica sobre el problema? Finalmente, ¿qué ganaríamos al apostar por una interpretación derivada de dicha perspectiva histórica frente a aquellas que se derivan del campo político y periodístico? A responder a estas preguntas dedicó Miguel Ángel Beltrán buena parte de su intervención aplicando los recursos de dicho enfoque historiográfico a dos aspectos fundamentales: la naturaleza del conflicto colombiano y la naturaleza de la interpretación militarista dominante que acabamos de presentar. Veamos brevemente cada una de ellos y las conclusiones a las que llegamos en el turno de debate.
En primer lugar, ¿cuáles son los vectores fundamentales que –con alto grado de consenso historiográfico- podemos decir que articulan la historia política reciente de Colombia?
1- Incapacidad del estado para dar respuesta a ciertas demandas básicas de la población, especialmente al problema agrario y la postergación de una reforma que palie los efectos más devastadores derivados de dicha problemática.
2- Uso sistemático de la violencia por parte del estado y militarización del vida civil, como demuestra el altísimo número de estados de sitio decretados por los gobiernos (hecho, añadía Miguel Ángel, que ayuda a explicar por qué en Colombia no ha habido golpes de estado como en otros países latinoamericanos).
3- Las características “premodernas” de los partidos dominantes, constituidos como estructuras clientelares y regionales. Partidos, por otro lado, que han mantenido un constante enfrentamiento de carácter armado, como demuestran las 10 guerras civiles –seguidas de sus respectivas 10 constituciones- que acaecieron en la Colombia del siglo XIX (algo que, como nos recuerda Miguel Ángel, nos debe poner en guardia ante el mito de la “más vieja democracia de América Latina”).
4- Exclusión del poder de otras fuerzas sociales con representación política, especialmente de la izquierda. Y esto como consecuencia, no sólo de los mecanicismos que regulan la propia estructura política, sino de sistemáticas persecuciones orquestadas desde los diferentes poderes del estado.
5- Debilidad histórica de los movimientos sociales que podrían constituir un contra-poder a los partidos dominantes; si bien, en momentos muy específicos, sí habrían logrado cierta importancia.
Este sería a grades rasgos el marco de “larga duración” en el que cabe situar el actual conflicto colombiano. Con más de 50 años de duración, dicho conflicto posee un perfil propio por la irrupción de tres actores fundamentales: la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico. Frente a la interpretación del gobierno Uribe que equipara guerrilla y paramilitares y considera al narco como el elemento que lo del que ambos se alimentan; Miguel Ángel ofreció una radiografía de cada uno de estos agentes, mostrando la especificidad de cada uno de ellos: el vínculo entre la guerrilla y la importante base social campesina sobre la que se erige; el papel desempeñado por los paramilitares como elementos de la contra-revolución agraria y la función del narco, en tanto que elemento capaz de corromper la situación creando otro tipo de violencia y ocultando las raíces profundas del problema.
Interpretado en estos términos, Miguel Ángel concluye que la naturaleza del conflicto colombiano, lejos de ser de carácter terrorista-militar, posee una dimensión político-social, que es precisamente la que oculta la interpretación gubernamental y la que ofrecen los medios de comunicación. Finalmente, si el conflicto es de índole político-social es de esperar –señala Miguel Ángel- que pese a los éxitos parciales en el terreno militar y la proyectiva del gobierno, aquel persista de una forma u otra.
Pero entonces, ¿por qué esta dimensión político-social (apoyada en un enfoque historiográfico), desparece de la agenda gubernamental? ¿Sobre que bases se apoya esa interpretación exclusivamente militar del conflicto? Nuevamente recurriendo a la perspectiva histórica, Miguel Ángel nos recuerda la necesidad de vincular la reactualización del Plan Colombia acaecida en el 2002 y que da carta de naturaleza a la solución militar, en el contexto latinoamericano del auge de los gobiernos de izquierdas y, en consecuencia, de la renovada importancia de Colombia para la estrategia norteamericana en el hemisferio. Por otro lado, en el debate se discutió la necesidad de ubicar también el conflicto en un contexto mundial. En este sentido, los vectores que articulan la estrategia del gobierno colombiano constituyen una variante del nuevo paradigma antiterrorista que hizo su entrada en la política internacional a raíz de los sucesos del 11 de septiembre. En torno a dicho paradigma comentamos la mezcla de elementos religiosos y tecnocráticos que caracterizarían a la subjetividad de los grupos sociales que sostienen dicho paradigma. Religioso, en cuanto a las oposiciones que esas subjetividades movilizan a la hora de articular dicho paradigma -y que en buena medida constituyen ramificaciones de la oposición básica bien-mal-. Tecnocrático, en relación a la forma de implementar las políticas basadas en el mismo.
No debe resultar extraño que, dado este repliegue hacia posiciones políticas alimentadas de un sustrato ideológico de carácter religioso, cualquier operación que aspire a trascender dicha interpretación; es decir, adquiera perspectiva hacia el conflicto con el fin prioritario de entenderlo, sea descalificada como connivencia con el terror. Se configura así el escenario ideológico oportuno para insuflar fuerzas a quienes cuestionan la capacidad de la historia para involucrarse en las luchas de su propio presente. Propuestas como las de Miguel Ángel Beltrán nos sitúan en la senda opuesta, pues consiguen rehabilitar en la práctica el potencial crítico que va implícito en la adopción de una perspectiva historiográfica a la hora de interpretar las luchas sociales del presente.

El conflicto colombiano I: la historia actual como problema

La práctica de la historia actual debe encarar una serie de problemas afines a cualquier disciplina con ambiciones científicas: estatus epistémico y régimen de verdad, delimitación de objeto de estudio, técnicas y metodologías adecuadas, utilidad social de sus productos, etc. Sin embargo, en el caso de la historia actual, estos problemas comunes se ven impregnados por una coloración especial derivada de la particular acusación de la que es objeto desde determinados círculos historiográficos.
Esta acusación puede englobarse bajo el rótulo de “falta de perspectiva histórica”. En líneas generales el argumento puede resumirse como sigue: el historiador, inmerso en su “presente histórico”, no puede emitir un juicio al respecto sin evitar que su voluntad expresiva de orden ético-político interfiera y distorsione la objetividad de los resultados. En consecuencia, sólo cabe hablar de historia científica en el caso de aquellos procesos históricos que puedan darse por cerrados: los “objetos del presente” quedan fuera del juicio del historiador. Creo que los basamentos teóricos que sostienen esta estrecha interpretación de la labor historiográfica hacen aguas por doquier. Sin embargo, me centraré exclusivamente en la dimensión política del problema.
Es sabido que la crítica del presente y la posibilidad de poner la ciencia social al servicio de dicha causa forman parte del ideario de cualquier propuesta emancipadora. Dicha convicción se sustenta en el poder desencantador de la ciencia y en su capacidad para desocultar los mecanismos ideológicos de dominación sobre los que se sustenta el estatus quo. En este sentido, una de las posibles estrategias conservadoras –no la única desde luego: la ciencia también puede servir para legitimar el estatus quo- apunta en la dirección de limitar los objetos científicos legítimos a campos indirectamente relacionados con el curso de las luchas sociales actuales. Apelando a la falta de “perspectiva histórica”, la historia actual como ciencia social no sólo queda deslegitimada, sino que indirectamente se nos impele a construir cualquier representación social del presente fundamentalmente a partir de las fuentes que nos ofrece el campo de la política y del periodismo. Pero, ¿acaso el periodismo o la política gozan de mayores credenciales “perspectivistas” que la historia?
La capacidad para adoptar perspectiva hacia un determinado problema depende de dos variables: distancia (ejercer como observador y no como parte implicada en el problema) y tiempo (disponer de octium para escapar a las urgencias con las que dicho problema nos acucia). Dada las funciones sociales que cumplen, las ciencias sociales y la historia se encuentran inmersas en las luchas que estructuran las relaciones de fuerza del universo social. Sin embargo, su dependencia respecto a estos conflictos resulta mucho menos directa que en los casos de la política o del periodismo. Dicho de otro modo, la historia y las ciencias sociales gozan de una mayor autonomía respecto a las determinaciones que ejercen los cambios acaecidos en el universo social que el campo periodístico y el político. Esta mayor dependencia del periodista y el político proviene en gran medida del hecho de que su agenda, estrategias y técnicas son valoradas por el juicio de agentes externos al campo, en un grado mucho mayor que en el caso del historiador; dicho sea de paso, dependencia de juicio externo que no debe interpretarse como virtud democrática (sólo un ideólogo de cortas miras defendería que el sistema capitalista es democrático porque los consumidores juzgan a las empresas cada vez que realizan sus compras).
Pero lo que realmente ahora nos interesa es señalar la siguiente ecuación: a menor independencia, menor perspectiva. Efectivamente, en primer lugar, cuanto más directamente depende la lógica de un campo de las luchas sociales, mayor implicación de sus agentes en dichos conflictos; es decir, menor capacidad para actuar como observador y mayor tendencia a hacerlo de forma partisana. En segundo lugar, esa mayor dependencia también se traduce en una hipoteca temporal. El ritmo que gobierna la lógica del campo goza de magra autonomía respecto a la temporalidad de las luchas sociales. En este sentido, el campo político y el periodístico son especialmente sensibles a cualquier acontecimiento que acaece en el universo social. El ritmo que los regula responde a un tempo événementiel de constante reactualización, en función de las urgencias que impone la lucha social. En otras palabras, a mayor dependencia, menor octium y, en consecuencia, menor perspectiva. En definitiva, dado dicho déficit de perspectiva del que adolece el periodismo y la política en comparación con la historia, cabe concluir que, en la construcción de la representación del presente, aquellos cumplen mucho mejor y más eficazmente su función ideológica que ésta.
¿Qué se nos está pidiendo entonces cuando se nos conmina a que abandonemos las ambiciones de una historia actual apelando al argumento de la “perspectiva histórica”? ¿qué ganamos expulsando a la historia del análisis del mundo actual? o mejor ¿quién gana sancionando el análisis histórico del presente? Al “invitarnos” a abandonar al pretensión de dotar al presente de una perspectiva histórica apelando a una sanción epistémica sostenida sobre en un parco argumento, por no decir sobre una falsa imputación, se nos pide que, a la hora de construir las interpretaciones y juicios sobre las luchas sociales actuales, sustituyamos una disciplina con potencial crítico por unas prácticas donde la función ideológica desempeña un papel mucho más importante. En pocas palabras: menos ciencia y más religión. Por otro lado, con el éxito de esta estrategia disfrazada de axioma científico, los movimientos emancipadores y subversivos que concurren en las luchas sociales actuales quedarían desahuciados de las inapreciables armas de la ciencia que los intelectuales comprometidos con sus causas pueden poner a su disposición. Finalmente, si esto ocurriera, y parafraseando a E.P. Thomspon, “la ballena sonreiría con gesto de aprobación”. Afortunadamente, parafraseando en este caso a F. Engels, “esto no ocurre ni siquiera en Colombia”, como bien puso de manifiesto el pasado día 13 de marzo nuestro compañero Miguel Ángel Beltrán al discutir en un seminario sobre la situación actual del conflicto colombiano; revelador evento sobre el que discutiré en la siguiente entrada del blog.

Hermanos en la adversidad: el terrorismo global de la economía neoliberal

La actual agenda política mexicana viene marcada en gran medida por el proceso de privatización de PEMEX; proceso que el gobierno panista de Calderón presenta como una reestructuración de la empresa pública con el fin de hacerla más competitiva en el mercado energético global. En otras palabras, bajo una argumentación de carácter técnico se pretende crear las bases de un cambio de régimen en la propiedad de este verdadero símbolo nacional; a la par que se evita una impopular –aunque legalmente necesaria- modificación de la constitución mexicana que sanciona la propiedad pública de los recursos energéticos nacionales. Esta acción se enmarca en el proceso de liberalización de la economía en el que México se encuentra embarcado, al menos de forma explícita, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1995. Al pensar sobre los efectos que esta política de liberalización económica produce sobre el tejido industrial y energético nacional, me ha venido a la memoria un valiente artículo que escribió mi amigo y profesor Francisco Vázquez -a la sazón catedrático de Filosofía de la Universidad de Cádiz- con motivo del cierre de la planta industrial de Delphi-Generals Motors en la Bahía de Cádiz, durante el pasado 2007. Creo que una relectura del mismo a la luz de los acontecimientos mexicanos no sólo resulta completamente pertinente, sino que nos invita a recordar cómo, parafraseando a Orwell, los efectos perversos de este “proceso mundial”, hermanan a los trabajadores de todos los países.

Terrorismo Global en la Bahía por Francisco Vázquez García
No es descabellado calificar el reciente cierre de Delphi como un acto de terrorismo global. Se trata en efecto de una acción súbita que arrasa con vidas y haciendas y lo hace despreciando a la ley -obsoleto instrumento de esa pieza de museo que es la soberanía nacional- y convirtiendo a las personas en objeto de un cálculo estratégico que sólo ve en ellas la condición de recursos rentables. La diferencia entre el terrorismo de sangre y el terrorismo industrial es que el primero mata ateniéndose a criterios de rentabilidad política mientras que el segundo abandona a su suerte a las víctimas aduciendo imperativos de rentabilidad económica. Todo apunta a que, pese a lo repentino del anuncio, la decisión de ese Ben Laden sin rostro que encarna este género de compañías había sido concertada desde hace años, siguiendo una estrategia tendente a adelgazar paulatinamente la empresa. Aunque el nivel de productividad de la planta fuera más que aceptable y los pedidos no faltaran, la suerte estaba echada; la expectativa de aumentar los beneficios gracias a los bajos costes salariales que ofrecía la instalación de la empresa en otros países era determinante. A veces tiende uno a figurarse que las compañías multinacionales funcionan como grandes monstruos fríos, más o menos monolíticos, donde mentes aviesas rigen los destinos de los gobiernos y de las personas. Nada más equivocado. El cuerpo de la multinacional moderna se asemeja en esto a la estructura celular y descentralizada que presentan las organizaciones terroristas más avanzadas. La firma crea en su interior un sucedáneo de mercado, donde las diferentes unidades productivas compiten entre sí en una desigual lucha darwiniana. Con objeto de atraer la inversión, los Estados del primer mundo compensan los relativamente elevados costes salariales con toda clase de prebendas -desde subvenciones por tipos de contratación hasta la concesión de terrenos e infraestructuras. La compañía vampiriza estos recursos que todos pagamos y cuando estima que hay mayores oportunidades de negocio en otro lugar, cierra la planta y deja en la calle a los empleados; ya se encargará la Administración de solventar el coste social de una operación en la que todo son ganancias. Por cierto, ¿quién paga los gastos sanitarios (alcoholismo, medicación antidepresiva), penales y de orden público (aumento de la conflictividad familiar, incremento de la delincuencia y de la población reclusa) e incluso educativos (crecimiento del fracaso escolar) que acompaña a maniobras tan rentables? Este tipo de bandidaje económico, presentado a veces como el efecto inevitable (colateral) de la globalización de los mercados alienta, paradójicamente, un intervencionismo estatal a gran escala. En primer lugar hay que intervenir para dar facilidades a la inversión; en una segunda vuelta debe intervenirse para paliar los destrozos causados por la misma. Mientras tanto, nuestros gobernantes siguen preocupados con el sexo de los ángeles de la realidad nacional y de los Estatutos reformados; como si la agenda política del país fuera dictada por los nacionalismos periféricos y por sus detractores. ¿Quién habla del deterioro del empleo, especialmente sensible en la provincia con mayor tasa de paro? ¿quién comenta la creciente fractura social entre integrados con acceso al trabajo estable y excluidos, cada vez más etnificados y asociados a la inmigración? ¿quién cuestiona la pérdida del escaso tejido industrial andaluz? Se dirá que la emergente división mundial del trabajo, cosméticamente bautizada de segunda modernización, obliga en Andalucía, y particularmente en Cádiz, a reorientar las economías hacia el sector de la industria turística, por no hablar del floreciente sector inmobiliario. ¿Van a acallar la protesta de la ciudadanía -que ve en el desastre de Delphi la prefiguración de su futuro posible- invocando otra vez la promesa de una California del sur? ¿Es la industria, donde se concentran los nichos de empleo más estable, la enfermedad y el turismo, reino del trabajo flexible y precario, el remedio? Pueden contarle esa milonga a las familias de los operarios de Delphi; pueden añadir la fábula del autoempleo y recordar con admonición la falta de iniciativa que aqueja a los andaluces. Pero ya no van a engañar a nadie, porque el asunto, para las víctimas de este atentado y para la ciudadanía que las respalda, no es ya preguntarse qué nos va a pasar sino afrontar qué podemos hacer.

Filosofía y sociología en Jesús Ibañez de Jose Luis Moreno Pestaña

Nuestro compañero Jose Luis Moreno ha publicado recientemente un interesante estudio sobre la figura de Jesús Ibáñez. Se trata de un trabajo que resultará de sumo interés para tres tipos de lectores. En primer lugar, para quienes se encuentren interesados en la obra de este relevante pensador, dado que uno de los puntos fuertes del trabajo es la novedosa y arriesgada, a la par que equilibrada interpretación que Pepe nos ofrece al respecto. En segundo lugar, para aquellos lectores preocupados por la práctica de la sociología de los intelectuales. Estos no encontrarán aquí extensas disquisiciones sobre los fundamentos teóricos de este programa de investigación, sino una aplicación sistemática de los herramientas que nos ofrecen diversos autores, útiles para la práctica de este programa, como es el caso de Pierre Bourdieu, Randall Collins o Erwing Goffman. Finalmente, derivado de esta mirada sociológica, también los lectores interesados en la reciente dinámica y evolución del campo intelectual español (del franquismo a la actualidad) encontrán de suma utilidad la lectura de este trabajo. Efectivamente, al aplicar una sociología de los intelectuales, Pepe trasciende la trayectoria del autor objeto de estudio y analiza la totalidad de la red intelectual en la cual aquella se va concretando, dotando de sentido y haciendo al autor "lo que es". En definitiva, sólo recomendar la lectura de un libro que sin duda tendrá importante eco, dada la relevancia del enfoque y de la figura que en el se estudia; así como felicitar al autor por una apuesta sin duda valiente y novedosa. Para terminar, os remito a una jugosa entrevista con el autor respecto a la publicación del trabajo y que apareció en Rebelion el pasado 25 de abril. El primer link os desplaza a la página de Rebelion; el segundo al blog de Pepe donde se reproduce la entrevista íntegramente.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66536

http://moreno-pestana.blogspot.com/